Amazonía Concesionada
Los últimos años, la población de la Amazonía se ha sentido invadida con
el “boom” de las inversiones o los “mega proyectos”, todos impuestos bajo la
bandera del crecimiento económico. Esta modalidad de repartición del territorio
nacional sin previa planificación la consagró el ex presidente Alan García, es
el gobierno que más concesiones ha otorgado, cerrando su gestión con 25
millones de hectáreas concesionadas. En la mayoría de los casos, los procesos de evaluación de estas
inversiones o mega proyectos, no han
cumplido con una adecuada planificación
territorial trayendo consigo impactos negativos y focos de futuros conflictos
sociales.
La Amazonía peruana tiene alrededor de 78 millones de hectáreas, sin
embargo, casi 47 de ellas tienen concesiones de hidrocarburos (60%). La creación de áreas naturales protegidas
muchas veces ha quedado subordinada a las actividades extractivas y a una
administración que no incluye a los pueblos indígenas, desconociendo incluso
territorios ancestrales. Actualmente hay cerca de 16 lotes de hidrocarburos
superpuestos irregularmente sobre 12 áreas naturales protegidas.
En el mapa de Amazonas se puede
ver cómo los lotes de hidrocarburos concedidos por el Estado se superponen a
zonas reservadas, reservas comunales y
zonas de amortiguamiento. La petrolera francesa Maruel Et Prom Perú tiene la concesión del Lote 116, ubicado
entre las provincias de Condorcanqui y Bagua. Este lote se superpone al Área
Natural Protegida (ANP) Zona Reservada
Santiago Comaina, y a ANP Reserva Comunal Tuntanain (48,5 %) creada en el 2007.
En la frontera de Perú con Ecuador, el pueblo awajún y wampis, asentados en la
zona ancestralmente, se han opuesto a la exploración minera de Afrodita S.A.,
subsidiaria de la compañía canadiense Dorato Resources. Esta obtuvo unas 5.100
hectáreas de concesión que inicialmente estuvieron destinadas a formar parte
del Parque Nacional Ichigkat Muja - Cordillera del Cóndor, como área natural
protegida. La presencia de la minera sobre el ANP pone en peligro los ríos
Cenepa y Marañón que podrían ser contaminados con mercurio y cianuro.
La construcción de la hidroeléctrica de Pakitzapango perjudicaría de
manera considerable el modo de vida de las comunidades asháninkas asentadas en
las orillas del río Ene, en Junín. El área se superpone en 10 comunidades
(Saniveni, Potsoteni, Mencoriai, Meteni, Quiteni, Cutivireni, Camantavishi,
Centro Tsomaveni, Quimaropitari y Shimpenshariato). El Megaproyecto Tambo 40
afectaría los ámbitos del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboró, corredor biológico que se encuentra
en el “Hotspot” (“puntos álgidos de biodiversidad”) de los Andes tropicales,
considerado además como una de las regiones más diversas del mundo y de más
alto nivel de endemismo. Además incluye la zona de amortiguamiento de la
Reserva Comunal Asháninka y abarca parte de la Reserva Comunal misma.
Sobre la Reserva Nacional de Pucacuro, en Loreto, territorio de las
comunidades kichwas del Napo, los Lotes N° 39, 67 y 129. Repsol Exploracion
Perú es la operadora principal del lote 39, con una extensión de 745 141, 204
hectáreas. En la actualidad la empresa Repsol se ha proyectado realizar dentro
del área de la Reserva Nacional un total de 21 pozos exploratorios. Otros lotes
concesionados se ubican sobre el territorio de comunidades nativas tituladas.
La minería ilegal en este punto del mapa también origina conflictos entre
mineros, Estado y comunidades indígenas causados por la falta de control y
ordenamiento del territorio. Las autoridades indígenas tienen el temor que la
incursión de dragas (las embarcaciones donde se traslada el oro) crezca a
niveles insostenibles y produzcan un daño mayor sobre el medio ambiente.
Talismán Petrolera del Perú es el actual operador del Lote 103 en San
Martín. La petrolera se superpone al Área de Conservación Regional - Cordillera
Escalera. Esta fue la primera área de conservación de carácter regional
establecida en el Perú y en su interior
nacen cinco cuencas hidrográficas tributarias de los ríos Huallaga y Marañón,
con lo que las actividades de hidrocarburos representan una amenaza a las
fuentes hídricas de las principales ciudades de San Martín, como Tarapoto y
Lamas, así como a los territorios de los pueblos indígenas de la Región.
La deforestación de 2,100 has de bosque en el fundo Palmas de Oriente,
ha producido un impacto significativo sobre el ecosistema local, principalmente
en lo referido al acceso directo de los pobladores a recursos complementarios
para su dieta diaria en los bosques, impidiendo practicar sus actividades
tradicionales, como la recolección, la caza, o la agroforestería, atentando de
ese modo contra la seguridad alimentaria de la zona.
El proyecto del Gas de Camisea, la Carretera Interoceánica Sur, el
Acuerdo Energético Perú - Brasil son algunas de las inversiones o mega
proyectos de la región Andino Amazónica. La Carretera Interoceánica Sur
forma parte de la agenda de la
Iniciativa para la Integración de la
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Este proyecto vial consistió en la
construcción y rehabilitación de 2,585.66 km. de carretera que atravesarían
ocho departamentos de la macro región
sur del Perú: Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua
y Puno. La Carretera Interoceánica Sur
atraviesa por ecosistemas alto andino y amazónico de gran diversidad biológica
y heterogeneidad cultural, con presencia de áreas naturales protegidas, bosques
de producción y tierras de pueblos indígenas como la Reserva Nacional de
Salinas y Agua Blanca, el Parque Nacional de Bahuaja Sonene, la Reserva
Nacional del Tambopata.
Otro caso de superposición es el Lote 76 que se superpone a la Reserva
Comunal Amarakaeri y afecta a varias comunidades Harakmbut. Las actividades de
hidrocarburos podrían poner en peligro la existencia de los pueblos Harakmbut, Yine y Machiguenga.
Perupetro S.A. no ha desarrollado procesos de consulta con Pueblos Indígenas.
Otro problema con la lotización de la Amazonía se debe a la superposición de ciertos lotes
con reservas territoriales para Pueblos
Indígenas aislados o no contactados 4 lotes se superponen a 4 reservas territoriales.
Concesiones petroleras de Petrobras, Repsol, Hunt Oil, entre otras compañías, se superponen a
áreas protegidas, algunas de las cuales
son prioritarias para la conservación de la biodiversidad, o por proveer recursos naturales para la
subsistencia de los Pueblos Indígenas. Ante esto, los pueblos indígenas pueden
sentirse excluidos del plan de “desarrollo” que promueve el Estado y desembocar
en conflictos sociales, por ello debe ser una prioridad del Estado implementar
políticas de ordenamiento territorial en el país.
"La mayoría de los
conflictos sociales estallan debido a la ausencia de planes de ordenamiento del
territorio. El país no cuenta con un mapeo que reconozca por ejemplo, las zonas
que serán destinadas a la actividad minera, petrolera, la construcción de mega
proyectos, más bien, se otorga concesiones, se imponen proyectos y se pasan por
encima, de zonas vulnerables como áreas naturales protegidas o territorios de
comunidades indígenas o zonas de reservas de agua de gran importancia. Este es
el escenario propicio para que se genere un conflicto entre la población y ciertas empresas dedicadas a las
actividades extractivas".
