jueves, 4 de julio de 2013

LOS DERECHOS A LA TIERRA SON FUNDAMENTALES PARA OCUPARSE DE LOS RETOS COMUNES DE LA HUMANIDAD


Los derechos a la tierra son fundamentales para ocuparse de los retos comunes de la humanidad, incluyendo la superación de la pobreza y el hambre, el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la reversión de la desertificación y la degradación de la tierra, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la paz.
Reconocemos el creciente consenso internacional sobre la gobernanza de la tierra que incluye los derechos colectivos y respeta las visiones territoriales del desarrollo, los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, así como también el papel decisivo de las y los pequeños productores y de la agricultura familiar en los sistemas de producción de alimentos actuales y futuros para lograr la seguridad alimentaria para todos. Aplaudimos los logros de los Pueblos Indígenas en la obtención del reconocimiento internacional a sus derechos específicos inherentes. Reconocemos el importante papel que desempeñan las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (VGGT por sus siglas en inglés) y el Marco y Directrices de Política de Tierras de África (ALPFG) en la ampliación de este consenso.
Sin embargo, nos preocupa la brecha entre las aspiraciones y la realidad. Las economías agrarias son afectadas profundamente por intereses corporativos y de otro tipo externos a los territorios locales, que asumen el control de la tierra, de los recursos productivos y de las cadenas de valor de los alimentos, alienando a los usuarios de la tierra de su medio ambiente, y que representan grandes riesgos de marginar a las y los pequeños productores y a la agricultura familiar. Observamos que los crecientes niveles de acaparamiento de tierras y de concentración de la tierra están incrustados en decisiones políticas y económicas más amplias, incluyendo marcos de inversión mal regulados y una pobre gobernanza que no responden a las necesidades de las comunidades rurales, socavan los procesos democráticos, crean ambientes poco sanos y sociedades desiguales, y perpetúan la pobreza y el hambre.