Los derechos a la tierra son fundamentales para ocuparse
de los retos comunes de la humanidad, incluyendo la superación de la pobreza y
el hambre, el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, la
mitigación y la adaptación al cambio climático, la reversión de la
desertificación y la degradación de la tierra, el desarrollo sostenible y el
fortalecimiento de la paz.
Reconocemos el creciente consenso internacional sobre la
gobernanza de la tierra que incluye los derechos colectivos y respeta las
visiones territoriales del desarrollo, los derechos humanos, la igualdad de
género y la sostenibilidad ambiental, así como también el papel decisivo de las
y los pequeños productores y de la agricultura familiar en los sistemas de
producción de alimentos actuales y futuros para lograr la seguridad alimentaria
para todos. Aplaudimos los logros de los Pueblos Indígenas en la obtención del
reconocimiento internacional a sus derechos específicos inherentes. Reconocemos
el importante papel que desempeñan las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques
(VGGT por sus siglas en inglés) y el Marco y Directrices de Política de Tierras
de África (ALPFG) en la ampliación de este consenso.
Sin embargo, nos preocupa la brecha entre las
aspiraciones y la realidad. Las economías agrarias son afectadas profundamente
por intereses corporativos y de otro tipo externos a los territorios locales,
que asumen el control de la tierra, de los recursos productivos y de las
cadenas de valor de los alimentos, alienando a los usuarios de la tierra de su
medio ambiente, y que representan grandes riesgos de marginar a las y los
pequeños productores y a la agricultura familiar. Observamos que los crecientes
niveles de acaparamiento de tierras y de concentración de la tierra están
incrustados en decisiones políticas y económicas más amplias, incluyendo marcos
de inversión mal regulados y una pobre gobernanza que no responden a las
necesidades de las comunidades rurales, socavan los procesos democráticos,
crean ambientes poco sanos y sociedades desiguales, y perpetúan la pobreza y el
hambre.